Salvar la educación católica

P. Santiago Martín
(Franciscanos de María)

El Dicasterio para la Educación Católica ha publicado esta semana un importante documento sobre las características que deben tener tanto la escuela católica como los que trabajan y asisten a ella.

Es un buen documento, aunque, como todo lo que es humano, es perfeccionable y está sujeto a las modas del momento.

El documento afronta la misión de la escuela católica desde su esencia: forma parte de la labor misionera y evangelizadora de la Iglesia. Desde ahí hay que entenderlo todo y desde ahí deben extraerse las consecuencias.

Los padres y también los alumnos deben saber dónde llevan a sus hijos y dónde están; no pueden acudir a un colegio católico y luego protestar porque el colegio cumple el ideario que ellos han asumido al participar en él.

Si los padres lo que buscan es un centro donde haya más disciplina y rigor académico, pero no admiten que el colegio sea coherente con su fe católica, deben sacar a sus hijos de ese centro y llevarlos a otro sitio.

Aunque los enfrentamientos entre padres o alumnos y colegios cada vez son más frecuentes, el mayor problema se está planteando con los profesores de esos colegios, sobre todo por lo que hace referencia a la enseñanza y al estilo de vida de algunos de esos profesores.

La polémica se ha dado hasta ahora, sobre todo, con los profesores de religión, cuando el obispo ha retirado el permiso para enseñar esa asignatura a maestros que tenían una relación de pareja, homosexual o heterosexual, sin estar casados por la Iglesia.
El nuevo documento vaticano amplía la exigencia de vivir de forma coherente con la moral católica a todos los profesores, y no sólo a los que imparten la asignatura de religión.

Esto da a los colegios un gran respaldo moral para poder contratar o rescindir el contrato a los que, de forma manifiesta, no cumplan estas condiciones.

Además, atribuye a los obispos la potestad para intervenir en los centros educativos en el caso de que éstos no cumplan las exigencias de coherencia aplicada a los profesores. Y eso no sólo con respecto a los que enseñan religión.

Aunque no ha sido el único, el caso más conocido de enfrentamiento entre un centro católico y un obispo por estos temas fue el ocurrido en Indianápolis. En 2019, el arzobispo pidió al colegio jesuita Brebeuf que no renovara el contrato a un profesor que se había casado civilmente con otro hombre, que también era profesor de otro colegio católico, al cual le pidió lo mismo.

Los jesuitas se negaron a despedirlo y el arzobispo les prohibió que se siguieran identificando como un centro católico. Los jesuitas apelaron a Roma y la medida disciplinar del arzobispo quedó suspendida, sin que hasta el momento haya habido una sentencia definitiva.

Según el nuevo documento del Dicasterio para la Educación Católica, entra dentro de las competencias del obispo intervenir en casos como ése y no debería haber motivo para impedir al prelado que actuara, como en su momento hizo el de Indianápolis.

Lo que echo en falta en el documento es que se haya limitado a exigir coherencia entre la vida personal de los docentes y la doctrina católica. Debería haber ido más allá y haber pedido a los colegios católicos que la enseñanza que imparten, especialmente en la asignatura de religión, sea fiel a la doctrina de la Iglesia.

Los malos ejemplos de los profesores son minoritarios, afortunadamente, pero no se puede decir lo mismo de las malas enseñanzas que, con frecuencia, son impartidas por las personas consagradas -sacerdotes y religiosos- que son los propietarios de los centros.

Claro que esta exigencia se podría ampliar aún más y extenderla a las catequesis de las parroquias, pero de momento habría estado bien exigirla a los colegios.

Fue Benedicto XVI, en aquella carta que dirigió a los presidentes de las Conferencias Episcopales reunidos en Roma para tratar la cuestión de la pederastia, el que dijo que el abuso de menores no sólo era cuestión física, sino que la enseñanza de conceptos contrarios a la moral católica también era, de algún modo, corrupción de menores y que los obispos tenían el deber de impedir que eso ocurriera.

¿No estará ahí, precisamente, el motivo por el cual muchos colegios católicos ya no logran ser evangelizadores? ¿La fe que rechazan los alumnos es la fe de la Iglesia o un sucedáneo que se supone que les sería más fácil aceptar, pero que en realidad no aceptan?
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P. Santiago Martín