Admiten amparo para crear Consejo Educativo
El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió un amparo promovido por la organización Educación con Rumbo contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por omisión para establecer el Consejo Nacional de Participación Escolar previsto en la Ley General de Educación que permite a los Padres de Familia y sociedad participar en los procesos y decisiones en materia de educación.
La SEP deberá aclarar y precisar los mecanismos que tienen los Padres de Familia para participar en el diseño del Marco Curricular, Plan de Estudios y contenidos de los Libros de texto gratuitos que se pretenden modificar.
Educación con Rumbo presentó el amparo para solicitar a la SEP que garantice el derecho de los niños a la educación, así como la participación de los Padres de Familia en la toma de decisiones en el diseño del nuevo Marco Curricular, Plan de Estudios y contenidos de los Libros de texto gratuitos que se pretenden modificar.
La organización decidió realizar esta acción debido a que, a la fecha, las autoridades en materia educativa han omitido instalar el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, que se establece de manera obligatoria en términos del artículo 135 de la Ley General de Educación.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, refirió que el amparo presentado es un precedente relevante en materia de defensa de los derechos de los niños y sus padres a que se les garantice el acceso a una educación universal, científica, inclusiva, de calidad y excelencia que permita a los padres de familia y especialistas de la sociedad participar en las decisiones más importantes en materia de educación, considerando que es un derecho establecido en la Constitución, en tratados internacionales y en la propia Ley General de Educación.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, precisó que el amparo presentado es un esfuerzo de la sociedad civil organizada para abrir los canales de comunicación, diálogo y colaboración entre padres de familia, maestros, especialistas y la SEP, que permitan a la sociedad civil organizada ser corresponsable de la educación en México, privilegiando el desarrollo académico y socioemocional de los niños después del rezago e impacto derivado por la pandemia, más allá de ideologías y decisiones políticas.
Otro aspecto importante que también se revisará en el amparo es la constitucionalidad del Plan de la SEP de eliminar grados escolares y la instrucción de eliminar la facultad de los maestros para evaluar a los alumnos.
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