AMLO, El Chapo y el pacto de impunidad
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, es producto de un sistema corrupto y corruptor.
La dimensión de las operaciones adjudicadas oficialmente al llamado Cártel de Sinaloa –el cual se supone dirigía junto con su compadre, Ismael El Mayo Zambada– sólo se explican bajo el amparo de una red de protección política y financiera.
Pero, históricamente en México, esas redes de protección han sido intocables y ahora, con la iniciativa del gobierno estadounidense para decomisarle más de 12 mil millones de dólares a El Chapo, tras haberlo condenado de por vida a la cárcel, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se le coloca en una disyuntiva: Su gobierno puede dar una muestra irrefutable de acabar con la impunidad o justificarla.
Es un asunto complejo.
Algo del entramado
Desde el inicio del fenómeno del tráfico de drogas en la época reciente en México (casi un siglo), se ha podido establecer la participación de autoridades de diversos niveles por un sinfín de testimonios periodísticos, judiciales e investigaciones.
Y al estar el país bajo un régimen de corrupción institucionalizada, los intereses y dimensiones del asunto fueron creciendo.
Dos ejemplos pueden ilustrar:
Un informe de la DEA sobre las interconexiones narcoterroristas latinoamericanas “actualizado hasta agosto de 1985” señalaba como “puntos terminales” de esas redes a tres altos funcionarios mexicanos: Sergio García Ramírez, entonces Procurador General de la República; Victoria Adato, viuda de Ibarra, a la sazón Procuradora de Justicia del Distrito Federal, y Fernando Gutiérrez Barrios, “El pollo”, entonces subsecretario de Gobernación.
“Fernando Gutiérrez Barrios es la figura ‘clave’ de las redes policiacas, seguridad e inteligencia del gobierno mexicano”, subrayaba el documento.
Otro: El 24 de febrero de 2011, el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García (cercano al ex presidente Carlos Salinas de Gortari) dictó una conferencia en la Universidad Autónoma de Coahuila
“De alguna manera se tenía resuelto el conflicto del tráfico de drogas, había rutas bien establecidas; yo no sé cómo lo hayan resuelto otros gobiernos, pero había un control y había un Estado fuerte, un presidente fuerte, una Procuraduría fuerte y había un control férreo del Ejército y, entonces, de alguna manera decían tú pasas por aquí, tú por aquí, pero no me toques aquí estos lugares, algo pasó”.
Es decir, para el viejo régimen, el narcotráfico era una especie de enfermedad bajo control, con sus reglas, equilibrios y compensaciones.
De equilibrios y compensaciones
En enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto designó Comisionado federal en Michoacán a Alfredo Castillo Cervantes para hacer frente a grupos de delincuencia organizada erigidos como el poder en esa entidad.
Un año después, al dar por terminada su gestión Castillo Cervantes realzó sus logros: desarticuló a Los Caballeros Templarios, dos de sus principales líderes habían sido abatidos oficialmente; se habían capturado 32 jefes de plaza, y 225 servidores públicos, tres exsecretarios de Estado, ocho presidentes municipales, 159 policías municipales fueron acusados de formar parte de una red de protección y complicidad de Los Caballeros Templarios.
Entre esas detenciones destacó las del ex gobernador interino Jesús Reyna y la de Rodrigo Vallejo, hijo de otro ex gobernador, Fausto Vallejo, todos ellos del PRI.
Destacó que se habían atacado las fuentes de financiamiento de dicho grupo delictivo al habérseles asegurado más de un millón de toneladas de minerales y más de 50 mil toneladas de madera que serían traficadas, y que sólo las propiedades aseguradas a uno de sus líderes, Enrique Plancarte, “operador financiero del grupo” y abatido, tenían un valor de 500 millones de pesos.
En total se les decomisaron 105 inmuebles con valor de más de mil millones de pesos.
«Las instituciones estaban a merced de los grupos delictivos, específicamente de un grupo hegemónico mal llamado Caballeros Templarios. La infiltración llegó a las más altas esferas del Gobierno del Estado”, sentenció Castillo Cervantes en su discurso de despedida.
Es decir, en un año se mostró la voluntad política del gobierno federal para atacar a una banda con una influencia determinante en la vida de un estado y cuyo poder comenzaba a desbordarse a otros lados.
Pero cuando se detuvo a El Chapo Guzmán la historia fue otra. Ni un policía municipal fue detenido por protección a quien fue considerado el criminal más importante del mundo.
Tras su primera captura, el presidente Enrique Peña Nieto se apresuró a declarar que él estaba dormido cuando lo capturaron; y tras la segunda detención, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio entrevistas para presumir el operativo, cuando en realidad al capo lo capturaron fortuitamente.
¿Contaba el gobierno federal con información de las redes financieras de El Chapo Guzmán? Sí, por supuesto. Desde marzo de 2014 (tras su primera detención), la Marina enlistó 242 compañías y al menos 203 prestanombres del sinaloense.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado, a través de su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), tenía a Guzmán Loera en su lista negra con 288 empresas repartidas en más de una decena de países para blanquear sus ganancias.
Y ahora que el gobierno estadounidense ha girado una orden para confiscar los bienes de Guzmán, calculados en 12 mil 666 millones de dólares, se sabe (por una nota en el portal de Aristegui Noticias) que en 18 años el gobierno mexicano le ha confiscado al capo y a su familia tres relojes, 1 inmueble, 5 armas de fuego, 171 cartuchos, 5 cargadores, una computadora y tres celulares.
El cinismo y la impunidad pasan por los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y de Enrique Peña Nieto.
Por todo eso, al presidente López Obrador se le presenta otra oportunidad para dar muestras reales de terminar con la corrupción y la impunidad -engendros del neoliberalismo- o para dar muestras de que su llegada al poder fue por un pacto con los factores de ese viejo régimen, del que se dice empeñado en desmontar.
Al tiempo.
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Mochila Política 86
Año 3, Julio 23, 2019
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