Ayotzinapa, el cruce de caminos
Resolver a fondo el caso de los 43 normalistas desaparecidos, representa para el Presidente Andrés Manuel López Obrador la disyuntiva de romper su pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto o romper su alianza con quienes le ayudaron a usufructuar el caso.
El tiempo transcurrido y la manipulación de las indagatorias vuelven una tarea ardua y compleja descifrar el doble crimen: la desaparición y el encubrimiento tejido desde el núcleo de poder del ex presidente Peña Nieto.
Para López Obrador, una vez desacreditada la “verdad histórica” inicia la cuenta regresiva, no pueden pasar otros seis años sin que se esclarezca el crimen desde el cual -nacional e internacionalmente- se forjó el derrumbe del último gobierno priísta.
Al viejo estilo
Por el grado de impunidad, la desaparición de los 43 normalistas levantó una indignación nacional e internacional impulsada por grupos ligados al progresismo italiano y a organizaciones financiadas por George Soros, y dio paso a un clamor de justicia. (Mochila Política 46. Junio 09, 2018. Ayotzinapa, dardo envenenado y la oportunidad de Anaya)
Eso generó ya una dimensión social y política del asunto, y que aún no se resuelve, es decir, los hechos criminales no han quedado siquiera esclarecidos, no se sabe, a ciencia cierta qué pasó.
Pero una segunda dimensión de criminalidad fue inducida desde las áreas de seguridad del gobierno federal con las indagatorias a cargo de la secretaría de Marina y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a cargo de Tomás Zerón de Lucio, amigo personal del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
Al viejo estilo en las indagatorias se violaron protocolos, procedimientos, se ajustaron declaraciones de inculpados con guiones similares, todo con tal de sostener la versión “histórica” de Jesús Murillo Karam.
Es decir – como en el Caso Posadas – la autoridad primero dio una conclusión convenientemente política al régimen y después las indagatorias se encaminaron a “cuadrar” legalmente el caso. Es decir, construyeron la verdad del caso, “por consenso”, pero además un “consenso” arrancado a base de torturas.
Esa ha sido la génesis de las decisiones de los jueces federales para liberar a los inculpados, basta con leer la resolución – de más de 700 páginas – del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas en que ordena reponer el procedimiento del Caso Ayotzinapa y crear una Comisión para la Verdad y la Justicia.
Los razonamientos del juez que liberó a “El Gil” son prácticamente los mismos.
(Aquí se puede leer la sentencia).
Así de simple o así de compleja es la discusión de los últimos días tras la liberación de varios de los detenidos inculpados en la desaparición de los normalistas.
De un lado, el viejo régimen que defiende la versión de Murillo Karam, descalifica a los juzgadores y cuestiona al gobierno de López Obrador.
Ha sido a través de dos vocerías, Milenio, cuyo dueño se vio beneficiado con varias concesiones televisivas y fue sorprendido un domingo usando los helicópteros de la Fuerza Aérea para ir a jugar golf con Peña Nieto y Emilio Gamboa; y Grupo Imagen, cuyo presidente tiene una amistad que data de años con Peña Nieto y fue el concesionario de la tercera cadena televisiva nacional.
Se han dado tiempos y espacios a las versiones de ese grupo, incluso se ha informado de un Amparo de Zerón de Lucio.
Es decir, hay una respuesta articulada, con argumentos, voceros y medios en tiempo oportuno a las decisiones judiciales. Eso no se había visto ni en el caso Odebrecht ni en el caso Juan Collado ni en el de Rosario Robles.
Y por el otro, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Guerrero y abogado de los padres de los normalistas desaparecidos quienes han impulsado la Comisión de la Verdad, el regreso del GIEI y han mantenido viva la exigencia de justicia.
La disyuntiva
Si el Gobierno de López Obrador decide ir a fondo deberá clarificar, por ejemplo, las acciones de elementos de la Marina que aparecen como investigadores e incluso, en el expediente Ayotzinapa, se citan los nombres de quienes fueron los presuntos torturadores y deberá investigar al hombre en quien Peña Nieto más confiaba los asuntos de seguridad, Zerón de Lucio.
En ese caso, López Obrador podría quedar entrampado en su propia acusación de que la corrupción a determinados niveles solo ocurría con el consentimiento del Presidente de la República.
Pero si las investigaciones se estancan o no concluyen, entonces López Obrador quedará en deuda con una serie de redes político-clericales nacionales e internacionales con quienes, desde marzo de 2017 impulsó un debate para inculpar al Ejército Mexicano en el Caso Ayotzinapa.
Libera, una de las principales organizaciones extranjeras de esa campaña, hunde sus raíces en cardenales y obispos promotores de la teología de la liberación y opositores a la doctrina papal, en los años 60 y 70 del siglo pasado.
Entre ellos figuraban el arzobispo de Milán, Cardenal Michele Pellegrino, llamado el sacerdote obrero; Dom Helder Camara, arzobispo de Olinda-Recife, en Brasil, impulsor de la teología de la liberación en América; el cardenal belga Leo Jozef Suenens, arzobispo de Malines-Bruxelles, quien junto con el cardenal Franz König de Viena, en 1968, se opusieron a la doctrina del Papa Paulo VI en la encíclica Humanae Vite en contra del uso de anticonceptivos.
Esas redes político – clericales tienen como objetivo la creación de un Tribunal Penal Especial para México por el Caso Ayotzinapa.
La inmensa mayoría de las organizaciones mexicanas incrustadas en esa estrategia fueron soporte de la candidatura de López Obrador en 2018.
El tiempo dirá.
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Mochila Política 92
Año 3, Septiembre 19, 2019
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