Crimen de Estado

A principios de la semana pasada, en el norte de la ciudad de Colima, el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados frente a sus pequeñas hijas de tan solo 3 y 7 años de edad.

Un crimen que no fue por móviles económicos o pasionales. Un crimen que, tomando en cuenta el perfil de la víctima, reúne todas las características de un crimen de Estado.

Y es que el juez Uriel Villegas siempre se distinguió por aplicar la Ley en contra de sujetos que militan dentro de las filas del crimen organizado.

Fue así que tramitó un proceso por delincuencia organizada en contra de Rubén Oseguera (a) “El Menchito”, hijo del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Fue así que le negó una suspensión a Ismael Zambada, hijo del “Mayo Zambada”, líder del Cartel de Sinaloa.

Crímenes tan atroces hicieron que Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificara el asesinato del juez Uriel Villegas como crimen de Estado.

“Que no haya duda de que este es un crimen de Estado”, dijo el presidente de la SCJN, “y cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado estaremos del mismo lado”

Por lo anteriormente expuesto, se ve como el asesinato del juez se caracteriza por tres elementos:

*PRIMERO: Fue un acto de venganza por parte de los narcos.

*SEGUNDO: Se cometió con la finalidad de quitar de en medio a un elemento que no se prestaba ni a la corrupción ni al chantaje.

*TERCERO: Se llevó a cabo con la finalidad de amedrentar a otros jueces y doblegarlos ya sea con dádivas o ya sea con amenazas.

Un homicidio cometido con todas las agravantes que, aparte de causar la tragedia de que dos pequeñas queden huérfanas en su más tierna infancia, es un crimen en contra del sistema judicial mexicano.

Un crimen que, por las tres características arriba señaladas, es una latente amenaza en contra del Estado Mexicano.

Un crimen que demuestra como la ingenua prédica presidencial de “abrazos, no balazos” ha demostrado ser un rotundo fracaso puesto que elementos tan desalmados lo que hacen es reírse a mandíbula batiente cuando, en vez de neutralizarlos por medio de la fuerza pública, se les combate recitando versos y arrojándoles ramos de rosas.

Ni duda cabe que crimen tan atroz deber ser calificado como un hecho lamentable.

Sin embargo, ante la gravedad del momento que estamos viviendo, más lamentable aún es que este delito llegase a quedar impune.

Y es que, si los autores intelectuales y materiales quedasen sin castigo, se demostraría lo que es ya un secreto a voces: que en México la Ley es letra muerta por la sencilla razón de que la inmensa mayoría de los delitos quedan siempre impunes.

Si este crimen quedase también sin castigo también se demostraría que el Derecho Civil es para los ricos en tanto que el Derecho Penal es para los pobres.

Efectivamente, aquellas normas que amparan cualquier acto de transmisión de dominio (sea por compraventa, herencia o donación) solamente favorecen a quienes poseen un cierto poder adquisitivo; en cambio, el infeliz que no tiene dinero para pagar un buen abogado puede no solamente perder su casa si su adversario soborna al juez sino incluso ir a dar con sus huesos a la cárcel.

El juez Uriel Villegas no era un juez corrupto. Jamás se dejó sobornar y mucho menos amedrentar. La única pasión que lo impulsaba era que la Ley se aplicase con justicia. Tan noble pasión fue la que le costó la vida.

Pues bien, con esa absurda retórica de “abrazos, no balazos” que se manifiesta liberando al hijo del Chapo o haciéndole caravanas a su progenitora, lo que se hace es mostrar debilidad ante un grupo tan, pero tan poderoso que constituye ya un estado dentro del Estado.

Dichas manifestaciones no tanto de tolerancia sino más bien de debilidad lo que hacen es alimentar la soberbia y prepotencia de quienes acabarán engullendo a quien tan obsequioso ha sido con ellos.

Por el bien de México deseamos que el asesinato del juez y de su esposa, un auténtico crimen de Estado, sea castigado con todo el rigor de la Ley.

Un deseo que constituye una exigencia universal de Justicia.
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Nemesio Rodríguez Lois