Golpe de Estado técnico
Amparado en su legitimidad y en la “urgencia” del cambio de régimen, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado las primeras semanas por torcer la ley para los intereses de su grupo, lo cual equivale a un golpe de Estado técnico.
Sin el menor rubor tiene sometido al Poder Legislativo y trata de hacer lo mismo con el Judicial.
Las acciones del gobierno y de su partido han tenido como premisa cumplir la voluntad del Jefe del Ejecutivo, sin importar la constitucional división de poderes.
Algunas de sus acciones y respuestas a diferentes situaciones perfilan el resurgimiento de un régimen hegemónico, sustentado en las formas del autoritarismo priísta y en acuerdos opacos con actores del viejo sistema.
La capacidad de comunicación es el gran activo del Presidente López Obrador y su gobierno.
La incapacidad e inexperiencia de gobierno se asoman ya como una de las principales debilidades.
Discrecionalidad, la marca
Han sido diversos los temas de las primeras semanas del nuevo gobierno en los cuales asoma la discrecionalidad y el autoritarismo.
El más relevante en términos económicos ha sido la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La iniciativa para reducir los sueldos de los funcionarios públicos de primeros niveles para que nadie gane más que el Presidente de la República llevó una dedicatoria particular a jueces y magistrados del Poder Judicial.
Ello ha derivado en cientos de amparos de funcionarios de diversos órdenes, una vez que la Corte admitió sus recursos hasta la validación completa de la medida.
Aunado a ello, ejerció presión para que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fuera electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Zaldívar es su amigo personal y está ligado al matrimonio de Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública y John Ackerman, académico y asesor de López Obrador. Un hermano de Irma Eréndira trabaja con el Ministro y otro de sus hermanos es dirigente de Morena en el estado de Guerrero. A éste último se le ha señalado de ser el orquestador del abucheo al gobernador de ese estado, Héctor Astudillo Flores en una gira con el Presidente.
La elección del Fiscal General de la República se hizo a la voluntad del Presidente López Obrador para llevar a uno de sus cercanos, Alejandro Gertz Manero, sin un rediseño constitucional como lo habían venido exigiendo más de 300 organizaciones ciudadanas.
En medio de la tragedia por la explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo con un saldo hasta ahora de 91 muertos, decenas de heridos y desaparecidos, el Presidente López Obrador también ha mandado señales de su justificación para desatender la Ley.
“El gobierno no actuará contra quienes se ven obligados a cometer ilícitos” ha dicho sobre pobladores que se dedican a la venta ilegal de combustible (huachicoleros) y ante el cuestionamiento de por qué no se llevó a cabo una licitación en la compra de 517 pipas que costaron 85 millones de dólares (unos 1,660 millones de pesos) su respuesta fue: “Porque no tenemos problemas de conciencia, no somos corruptos”.
Aliados del viejo régimen
Para sacar adelante sus proyectos o atender coyunturas, el Presidente López Obrador se ha aliado con actores del viejo régimen priísta.
Dos de esos casos son la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y la designación del gobernador interino de Puebla, tras la muerte de la mandataria Erika Alonso y su marido, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle.
En el primero de ellos, Morena, el partido del Presidente se alió con el PRI para lograr la mayoría calificada y el asunto no es menor, pues dicho partido quedó bajo control del grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador de los senadores tricolores y ex secretario de Gobernación.
Aun así, López Obrador externó su molestia por cambios en la iniciativa y ya instruyó al grupo de Morena en el Senado para que la rectifiquen con sus indicaciones.
Por otro lado, la designación de Guillermo Pacheco Pulido es abiertamente señalada en Puebla como la mejor expresión que refrenda la alianza del “Gober precioso” Mario Marín con el grupo de López Obrador.
Ya en las elecciones del año pasado, el grupo de Marín colocó varios candidatos de Morena a diputados locales y alcaldes.
Pacheco Pulido es un priista identificado con el nacionalismo revolucionario y distinguido miembro de la masonería local.
Fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Puebla con el gobernador Melquiades Morales, considerado el verdadero padrino político del extinto Rafael Moreno Valle Rosas.
Moreno Valle fue un político del viejo sistema priísta (atraído al PAN por el ex presidente Felipe Calderón) forjó su trayectoria en el albiazul apoyado en un grupo de liberales (Mochila Política 18. Junio 29, 2017. El Frente, un dardo envenenado), constituyó un grupo de poder, no una corriente ni doctrinal ni política.
Bajo ese acuerdo de grupos, el escenario más probable para Puebla es el triunfo del viejo sistema priísta encarnado en Morena.
El gobierno del Presidente López Obrador ha prometido que transparentará toda la investigación sobre la caída del helicóptero donde viajaba el matrimonio y donde fallecieron otras personas.
Un caso similar se está configurando en Baja California en donde este año habrá de elegirse gobernador. Huestes del ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera (destituido por Carlos Salinas de Gortari por haber perdido las votación federal en 1988) actúan ya bajo las siglas de Morena, partido al que las encuestas conceden desde ahora amplia ventaja.
Acciones como estas refrendan la tesis sobre el pacto de impunidad entre López Obrador y los viejos grupos priístas.
Con los medios y la minoría rapaz
En plena crisis de desabasto de gasolina por la guerra contra el huachicoleo, el Presidente López Obrador se reunió con integrantes del Consejo Asesor de Empresarios y entre los asistentes figuraron: Miguel Alemán Magnani, de Interjet; Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas; Miguel Rincón de Biopapel; Carlos Hank González de Banorte; Olegario Vázquez Aldir de Grupo Angeles; Daniel Chávez de Grupo Vidanta; Bernardo Gómez de Grupo Televisa.
Además Alberto de la Fuente, director de Shell en México, Miguel A. Loya, de Grupo Vitol; Mónica Boe, country Manager de Equinor antes Statoil; Dionisio Garza de la petrolera Jaguar y Luis Vázquez Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural y presidente ejecutivo de Diavaz.
La reunión tuvo sus frutos políticos.
Es hora de confiar en la lucha del gobierno, dijo al término de la reunión Olegario Vázquez Aldir, también dueño del diario Excélsior y de la cadena Imagen, de radio y televisión.
Esos medios fueron señalados en el sexenio anterior de ser los voceros oficiosos del gobierno de Enrique Peña Nieto, dada la cercanía personal del ex presidente de México con Vázquez Aldir.
A Banco Azteca (Ricardo Salinas pliego) y Banorte (Hank González) el gobierno les asignó la distribución de recursos a los beneficiarios de los programas sociales.
Lo bueno es que Alejandro Valenzuela, ex directivo de Banorte y actual director de Banco Azteca ya aclaró que López Obrador no eligió Banco Azteca por ser “cuate” de Salinas Pliego.
Dos rasgos más destacan en el nuevo gobierno: el activo más importante sigue siendo la capacidad de comunicación del Presidente López Obrador, es creíble y dota de la misma a su partido, como lo muestran todas las encuestas en donde el respaldo varía de un 77 a un 80 por ciento.
El otro es el extendido cuestionamiento a muchos funcionarios del gobierno federal. La crisis de desabasto de gasolina en varios estados por la guerra al huachicoleo ha sido un parámetro y algunos datos sobre funcionarios de Pemex parecen soportar esa percepción.
La logística de distribución de Pemex está cargo de Emiliano González del Villar, ex director de asuntos internos de la Policía de la Ciudad de México; Rogelio Hernández Cázares es el director general de Pemex Fertilizantes fue director del Seguro Popular en Oaxaca y acusado de desviar mil 500 millones de pesos.
Marcos Manuel Herrerías Alamina es el director Corporativo de Administración y Servicios, y fue el encargado de asignar 97.2 millones de pesos en contratos de la Ciudad de México a las asociaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, ambas financieras de las actividades políticas de López Obrador.
Así, en sus primera semanas, el gobierno de López Obrador ha dado pasos hacia un régimen autoritario al romper pilares del orden público en alianzas obscuras con actores del antiguo régimen; ha evidenciado falta de capacidad y generado incertidumbre. Este es un escenario que puede llevar al país a un populismo exacerbado o a un descontrol.
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Mochila Política 63
Enero 22, 2019
