La educación no es un derecho
José Niño
«Cortesía de la Biblioteca Ludwig von Mises»
Entre los temas de la política estadounidense, la educación pública sigue siendo una «vaca sagrada» para muchos votantes.
Las élites políticas nos recuerdan incesantemente que la educación pública es un pilar fundamental de la civilización. Sin educación pública, continuaríamos siendo salvajes sin educación.
Todas las innovaciones que vemos ante nosotros como Internet no serían posibles si no fuera por la cartera educativa proporcionada por el Estado.
O eso nos dicen.
Confundiendo derechos
Los académicos y los políticos afirman que la educación es un “derecho”, lo que obliga al Estado a intervenir y mantener el monopolio del servicio.
La educación, a pesar de lo que dice la sabiduría convencional, es un bien económico, no un derecho. Por definición, los bienes económicos son escasos y satisfacen las necesidades y los deseos de los consumidores. Desafortunadamente, los funcionarios electos miopes a menudo ignoran esta verdad incómoda.
Este concepto erróneo surge de un malentendido fundamental de lo que constituye un derecho, específicamente el énfasis excesivo de los derechos positivos sobre los derechos negativos. El Profesor Aeon Skoble hace un excelente trabajo para romper las diferencias entre los derechos positivos y negativos:
“Fundamentalmente, los derechos positivos requieren que otros le brinden un bien o servicio. Un derecho negativo, por otro lado, sólo requiere que otros se abstengan de interferir con sus acciones. Si somos libres e iguales por naturaleza, y si creemos en los derechos negativos, cualquier derecho positivo debería basarse en acuerdos consensuales”.
En resumen, los derechos negativos, como la vida, la libertad y la propiedad, prohíben a los demás, especialmente a las entidades gubernamentales, interferir con sus personas o sus bienes.
Los derechos positivos tienen los derechos individuales en desacato. Los intervencionistas y los políticos usan abstracciones tales como “sociedad” para justificar la confiscación forzada de recursos de un grupo de personas a otro grupo de personas sin ningún tipo de compensación o consentimiento.
Desde la aparición del Estado de bienestar de Bismarck, los derechos positivos se han convertido en el pilar de la formulación de políticas públicas en Occidente y en muchos otros países. Desde la educación hasta las pensiones, existe una devoción religiosa a la idea de que el Estado debe obligar a las personas a participar en una determinada actividad o verse obligados a renunciar a sus ingresos para proporcionar a otro individuo dicho bien o servicio.
La educación gratuita no es tan gratuita después de todo
Casi dos siglos de intervención del gobierno en la educación han condicionado a los ciudadanos a creer que no sólo la educación es un derecho, sino que de alguna manera es gratuita. Esta perspectiva es miope en el mejor de los casos.
Un segmento sustancial de la población ni siquiera usa la educación pública. Aquellos que optan por no participar de la educación pública, como los educadores en el hogar y los estudiantes privados, se ven obligados a subsidiar a otros que asisten a escuelas públicas. Como observó Frederic Bastiat: “el gobierno es la gran ficción a través de la cual todos se esfuerzan por vivir a expensas de todos los demás”.
La observación astuta de Bastiat, desafortunadamente, sobrevuela las cabezas de las masas, quienes han sido engañados por los políticos y la intelectualidad para creer que estos servicios son “gratuitos” y deben ser provistos por el conjunto de la sociedad.
La verdadera tragedia en esta ecuación es la mala asignación de recursos que de otro modo se hubieran utilizado para actividades más productivas. La gente ve las escuelas públicas pero no miran más allá del momento. Pasan por alto los esfuerzos productivos que podrían haberse creado si ese dinero no se hubiera redistribuido en primer lugar.
No es exagerado decir que bajo un sistema donde las personas pueden conservar su dinero, todavía tienen la capacidad de construir sus propios arreglos educativos en el mercado libre.
Ahí radica la belleza de una economía libre de coerción gubernamental. Las empresas emprendedoras surgirían espontáneamente y adaptarían sus servicios de acuerdo con las preferencias del consumidor, no por el diseño burocrático o los caprichos de las élites políticas.
La educación es otro servicio de mercado
No hay nada mágico en la educación; funciona como cualquier otro bien o servicio. Para la mayoría de las profesiones existe una demanda inherente de trabajadores educados. Por lo tanto, es lógico pensar que las personas trabajarán en su propio interés para educarse o construir instituciones educativas para brindar a los demás las herramientas necesarias para unirse a la fuerza de trabajo.
De hecho, ya existen instituciones educativas paralelas como Coursera, Khan Academy y Lynda, donde las personas pueden adquirir habilidades de alta demanda a precios razonables, por no mencionar las formas alternativas de escolarización, como el método Montessori, que también nos dan un adelanto de cómo sería la educación en el mercado libre.
El ciclo interminable de la burocracia
Pero cuando comenzamos a declarar que todo es correcto, y por lo tanto requiere la participación del gobierno, surge un nuevo conjunto de problemas.
Cuando el Estado se apropia de un sector de la economía, no sólo lo monopoliza, sino que destruye cualquier apariencia de cálculo económico. Destruyendo la capacidad de los propietarios para comparar costos y ganancias, o discernir ganancias y pérdidas, el Estado asegura una toma de decisiones económicas incoherentes y una experiencia subóptima para los consumidores de dichos productos o servicios.
Esta observación ha pasado de lo teórico a lo práctico.
En Estados Unidos, el presupuesto del Departamento de Educación comenzó en 14.5 mil millones de dólares en 1979 y actualmente se acerca a los 70 mil millones de dólares. Cuando se incluyen otras iniciativas de gasto como el desayuno y almuerzo escolar y los programas de Head Start, el total asciende a casi 100 mil millones de dólares.
Ignorando completamente los indicadores de las escuelas del gobierno estadounidense que tienen un rendimiento inferior frente a los competidores internacionales, el gobierno federal continúa su búsqueda inútil interviniendo en la educación.
En el terreno de los servicios gubernamentales, la incompetencia se recompensa con mayores presupuestos y mayores privilegios burocráticos. Por otro lado, la libre empresa responde a los consumidores, que tienen el poder de cerrar las organizaciones si sus servicios no están a la altura.
El concepto de que la educación debe disfrutar de un monopolio gubernamental ejemplifica la arrogancia de los actores políticos que piensan que las personas libres son incapaces de llevar los servicios educativos al libre mercado.
Tenemos el potencial de vivir en el mundo de la educación de un Supersónico, pero la clase política insiste en usar prácticas de Picapiedras como la coerción estatal para proporcionar educación.
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