Las empresas de fármacos quieren usar al Estado para acabar con la competencia

Hunter Lewis
«Cortesía de la Biblioteca Ludwig von Mises»

Los pantalones vaqueros tienen más en común con los fármacos de lo que podrías creer.

Uno de los episodios más relevantes en la historia del capitalismo de compinches se produjo en Francia en los siglos XVII y XVIII. La ropa barata fabricada con algodón estaba amenazando a los fabricantes de lana, lino y seda, así que convencieron al gobierno para prohibirla. Rápidamente los agentes públicos empezaron a espiar en casas y carros y a denunciar a cualquiera que se atreviera a vestir esa nueva tela. Miles de infractores de la prohibición fueron detenidos y mandados a prisión o a galeras, lo que significa una sentencia de muerte.

En Gran Bretaña, los mismos fabricantes reclamaron una prohibición similar al rey, pero no se les hizo caso. Como resultado directo, Gran Bretaña inició su revolución industrial fabricando tela barata de algodón para todo el mundo y empezó a hacerse rica, mientras Francia se estancaba económicamente. Si Francia no hubiera prohibido el algodón, no se habría quedado tan atrás con respecto a Gran Bretaña, Napoleón podría haber tenido dinero para construir una gran flota y podría haber invadido con éxito Gran Bretaña. La historia europea y del mundo podrían haber sido muy distintas.

Es fácil reconocer y hacer burla de los absurdos del capitalismo de compinches en el pasado, pero no siempre es fácil verlo hoy. Por ejemplo, tenemos una repetición de la historia del algodón en la medicina estadounidense contemporánea. Cada vez se considera más que el alimento, los suplementos y los cambios en estilo de vida son las medicinas más potentes. Pero esto representa una amenaza para empresas de fármacos, oncólogos y cirujanos, y estos han recurrido al poder del gobierno para proteger sus intereses.

Es ilegal afirmar que cualquier sustancia, incluso un alimento, no aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) puede curar, controlar o incluso prevenir una enfermedad. Pero la aprobación cuesta muchos miles de millones de dólares, así que, con pocas excepciones, sólo pueden aprobarse moléculas nuevas en la naturaleza, es decir, medicinas patentables. Un productor de comida o suplementos que viole esta ley puede verse amenazado con enormes multas y largas estancias en prisión.

En años recientes, tanto los cultivadores de nueces como de cerezas se han visto amenazados por la FDA porque se han atrevido a compartir investigación universitaria que dice que sus productos tienen beneficios concretos para la salud. Otros productores han sido condenados y eliminados durante décadas.

Entretanto, los intereses protegidos de los fármacos y la cirugía cobran cada vez más por productos que pueden hacer más mal que bien, como se pueden leer en los prospectos de los propios fabricantes. Y el coste de este monopolio protegido por el gobierno, creado bajo el disfraz de la “protección al público” supone un tapón tanto para la creación de empleo como para los aumentos salariales al tiempo que hincha terribles déficits públicos.

Tampoco es sólo el gobierno federal. Los gobiernos estatales también son aliados de los intereses creados de los médicos. Por ejemplo, en California va contra la ley que los doctores traten el cáncer con algo que no sean fármacos, radiación o cirugía. El gobierno federal protege a las farmacéuticas que fabrican vacunas frente a cualquier responsabilidad por dañar a niños, pero California también ordena que cualquier niño que acuda a una escuela pública o privada deba tener al día el programa de vacunas. Hay incluso pendiente una propuesta que prohibiría la libre expresión con respecto a las vacunas. No sorprende que las farmacéuticas consideren a las vacunas como una de sus oportunidades de beneficio más prometedoras.

Igual que las telas de algodón en siglos pasados, lo que podría llamarse medicina natural podría ser un enorme sector de crecimiento en Estados Unidos. El interés del cliente es tan fuerte que el sector ha crecido, aunque lentamente, a pesar de estar legalmente ahogado. Sin embargo, hay pocas o ninguna perspectiva de que otros países sigan este camino, porque sus gobiernos están incluso más controlados por burócratas aliados con intereses médicos especiales.

Entretanto, sigue siendo muy difícil educar al público debido a las barreras legales. Ni siquiera el médico de la Casa Blanca del presidente Trump sabe que un valor de 20 en un test de vitamina D es extremadamente poco sano. Informó de que el presidente había pasado todas las pruebas sin problemas. Un médico formado en medicina natural podría arreglar las cosas, pero sin duda en ese caso sería atacado por el consejo médico de su estado.

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