Los orígenes corporativistas de la Seguridad Social
Brian Balfour
«Cortesía de la Biblioteca Ludwig von Mises»
En una historia que sólo puede ocurrir en 2018, el septuagenario Bernie Sanders entra en Twitter para mostrase de acuerdo con alguien llamado Cardi B (mi hija adolescente me dice que es una cantante popular) acerca de la importancia de reforzar la Seguridad Social.
Sanders afirmaba que la Seguridad Social permite a los mayores “retirarse con la dignidad que merecen”, mientras Ms. B alababa a FDR por su creación.
Por supuesto, la Seguridad Social necesita “reforzarse” porque, según algunas estimaciones, tiene pasivos no financiados a largo plazo por valor de 34 billones de dólares y será “oficialmente” insolvente en 2034.
La creencia más común es que la Seguridad Social fue creada por FDR como un programa compasivo y “progresista” para ayudar a que la gente mayor se sintiera más segura en su jubilación.
Sin embargo, como muchos programas progresistas, probablemente la Seguridad Social fue creación de grandes empresas acudiendo a los tecnócratas del gran gobierno para protegerse frente a la competencia. Esa es una de las incontables ideas que descubre el libro de Murray Rothbard, The Progressive Era.
La Seguridad Social se aprobó en 1935, pero su génesis empezó en 1934 cuando FDR “encargó a tres de sus altos cargos seleccionar a los miembros de un Comité de Seguridad Económica (CSE)”, según Rothbard.
El CSE fue el organismo que redactaría la legislación de la Seguridad Social, pero, más en concreto, se encargó al Consejo Técnico del CSE ocuparse de los detalles del plan.
A la cabeza del Consejo Técnico estaba J. Douglas Brown, jefe del Departamento de Relaciones Industriales en Princeton, un departamento creado y en buena parte financiado por una organización llamada Industrial Relations Councilors (IRC).
El IRC “se había creado a principios de la década de 1920 por los Rockefeller, en concreto por John D., Jr., a cargo de la ideología y la filantropía del imperio Rockefeller”, informa Rothbard.
El IRC se anunciaba como un grupo intelectual y activista cuya misión, describe Rothbard, era “promover una nueva forma de cooperación corporativista trabajo-dirección, así como promover políticas a favor de los sindicatos y el estado del bienestar en la industria y el gobierno”.
Parte de las actividades del IRC incluían crear departamentos de relaciones industriales en universidades de la Ivy League, incluyendo el de Brown en Princeton. No es coincidencia que los otros dos miembros del Consejo Técnico del CSE fueran también miembros del IRC.
Lo que nos lleva de vuelta a J. Douglas Brown.
Brown no solo estaba respaldado por un poderoso grupo Rockefeller, estaba también influido por consejeros seleccionados del CSE, muchos de los cuales eran jefes de grandes empresas. Dentro de este contexto, como señala Rothbard, Brown “era especialmente inflexible en que ningún empleado escapar a los impuestos el plan de pensiones de la vejez”.
A las grandes empresas les preocupaba que sus competidores más pequeños no estuvieran ofreciendo pensiones de jubilación y querían usar el gobierno federal “para obligar a sus competidores más pequeños a pagar costosos programas similares”.
En el momento en el que se creó la Seguridad Social, aproximadamente el 15% de los trabajadores estaban cubiertos por un plan de pensiones de la empresa, con poco más de 300 empresas (la mayoría grandes) ofreciendo dichos planes.
En su testimonio ante el Comité Financiero del Senado en 1935, Brown declaraba que la obligación pública de “contribuciones” universales de los empresarios a las pensiones de jubilación haría “uniforme a lo largo de toda la industria un coste mínimo de proporcionar seguridad para la jubilación y protegería a los empresarios más liberales que ahora estaban ofreciendo pensiones frente a la competencia del empresario que acaba despidiendo a la persona vieja sin una pensión”.
Dicho de manera más sencilla, en palabras de Rothbard, “la legislación penaliza deliberadamente al empresario ‘no progresista’ con menores costes y le doblega aumentando artificialmente sus costes, comparados con los del empresario más grande”.
No debería ser ninguna sorpresa que, como escribe Rothbard, “las empresas más grandes respaldaron casi todas el plan de la Seguridad Social en su totalidad, mientras que era atacado por asociaciones de pequeñas empresas como la National Metal Trades Association, la Illinois Manufacturing Association y la National Association of Manufacturers”.
De hecho, las grandes empresas “colaboraron con entusiasmo” en la implantación de la Seguridad Social una vez aprobada. Cuando se enfrentó a la creación de 26 millones de cuentas individuales, el Consejo de la Seguridad Social consultó al Business Advisory Committee (BAC) del Departamento de Comercio. Las huellas dactilares de las grandes empresas estaban por todo este comité. El BAC estaba dominado por W. Averell Harriman, rico heredero de la fortuna ferroviaria de su padre y convertido en banquero (y futuro gobernador de Nueva York), el jefe de la Standard Oil, Walter Teagle, y John Raskob, de DuPont y General Motors.
Al mismo tiempo, el miembro del BAC, Marian Folsom, de Eastman Kodak, fue esencial para planificar la creación de los centros regionales del Consejo de Seguridad Social.
El trabajo de Rothbard destroza el cuento romántico de la Seguridad Social como un programa humanitario para proporcionar una hucha al abuelo. De hecho, es solo otro caso de grandes empresas aprovechándose del gobierno para protegerse frente a competidores más pequeños, todo a costa del contribuyente.
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