Exigen empresarios revocar Acuerdo de SENER, por «ilegal»
El sector empresarial mexicano y extranjero que invierte en México calificaron de «violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano» el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, y demandaron revocarlo.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los 12 organismos que lo integran, la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales aseguraron que, a través de este instrumento, la Secretaría de Energía (SENER) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.
Dicho Acuerdo, denunciaron, se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares.
Agregaron que la medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico mexicano. No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.
Llamaron a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el Acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía.
Advirtieron que el sector privado –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país.
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