La «justicia social» obstaculiza el progreso de la sociedad
Germinal G. Van
«Cortesía de la Biblioteca Ludwig von Mises»
La justicia social es una ideología política basada en la teoría marxista de la «explotación» que supone -sin ninguna prueba- que las desigualdades sociales se deben a que los que tienen acceso a los recursos es porque privaron de las mismas oportunidades a los que no tienen recursos; y por ello, el gobierno tiene la obligación moral de rectificar esa injusticia.
En abstracto, para mucha gente, esta ideología parece moralmente correcta. En la práctica, sin embargo, la justicia social ha hecho más daño a quienes pretende ayudar y ha obstaculizado el progreso de la sociedad en su conjunto.
En Estados Unidos, la justicia social se ha convertido en la nueva «solución» para aliviar las desigualdades económicas entre las personas y las clases sociales. La tendencia actual de justicia social en Estados Unidos subyace a la engañosa premisa de que el 1 por ciento superior controla toda la riqueza, mientras que el 99 por ciento inferior la produce.
Además, esta premisa falaz se basa en el mito de que la mayoría de los millonarios y multimillonarios han heredado la riqueza que tienen hoy de sus predecesores.
Pero, según una encuesta de Fidelity Investments de 2017, el 88 por ciento de los millonarios en Estados Unidos son autodidactas. La mayoría no creció en barrios exclusivos de clubes de campo. La mayoría de los millonarios empezaron dentro del 99 por ciento y luego se abrieron camino subiendo en la escala social.
Sin embargo, los defensores de la justicia social sostienen que los ricos, simplemente por el hecho de ser ricos, han privado de riqueza y capital a aquellos de las clases sociales más bajas, y que para corregir esa «injusticia» se han impuesto políticas tales como un impuesto progresivo sobre la renta a nivel nacional y en la mayoría de los estados.
Lo cierto es que la persona de altos ingresos que paga una tasa más alta de impuesto sobre la renta, no es una persona que haya «explotado» a otros, ni tampoco hay pruebas de que todos los beneficiarios de estos programas hayan sido víctimas de algún tipo de «explotación» económica.
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