SAT obstaculiza pago a empresas de servicios
• Empresas y sindicatos preparan queja ante OIT y T-MEC
• Ex guardia de AMLO obstaculiza pagos
De poco o nada ha valido a las empresas de servicios haber sorteado las trabas burocráticas y el incremento en sus inversiones para quitarse el señalamiento de outsourcing, asumir la Reforma Laboral impulsada por la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde y quedar en sintonía con los requerimientos que impone el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá-México (T-MEC) en materia laboral.
Aún con todo, funcionarios que están en el tercer nivel administrativo –pero que han estado fuertemente vinculados con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador–, pasan por encima de las obligaciones contractuales, difieren y obstaculizan los pagos, acusan a las empresas de malos manejos, las responsabilizan de no pagarle a los trabajadores, las amagan con investigaciones extralegales y las ponen en riesgo de quiebre financiero técnico.
El “ojo del huracán” se ubica en el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) que comanda Raquel Buenrostro. El SAT, lejos de ser modelo en las adecuaciones de la Reforma Laboral, traza una ruta que hará fracasar la iniciativa de regulación promovida por la secretaria de Trabajo y que dará argumentos para señalar a las empresas normadas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) de no cumplir con el pago a sus trabajadores.
El origen
La prueba experimental para manchar a las empresas de servicios que abandonaron el modelo de outsourcing y adoptaron los nuevos lineamientos para registrarse como empresas de servicios surgió en las oficinas administrativas del SAT. El control del contrato de los servicios de limpieza para un centenar de edificios, oficinas e instalaciones ubicadas a nivel nacional requiere de un ejército de trabajadores de cerca de 2 mil elementos, así como bodegas de materiales llenos de artículos de limpieza para lo que se disponen partidas presupuestales cercanas a los 200 millones de pesos al año.
Pese a que en años anteriores la adjudicación de los servicios de limpieza se había realizado mediante licitación, para el 2021 los funcionarios del SAT determinaron que sería mediante adjudicación directa la manera de contratar los servicios.
Las empresas designadas fueron RAPAX S.A. DE C.V., DECOAROY SUPERVICION S.A. DE C.V., LIMPIEZA Y FUMIGACION CORPORATIVA DE SINALOA S.A. DE C.V., y JOAD LIMPIEZA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., las cuales habían tenido que sortear diversas dificultades meses antes, para quedar incluidas en el contrato marco –requisito indispensable para poder ofrecer servicios a las dependencias de gobierno–, y REPSE, el cual es el nuevo registro como prestadoras de servicios especializados.
La supervisión, ejecución y cumplimiento de los contratos por parte del SAT recae en oficina de Administración General de Recursos y Servicios que desde agosto del 2020 está bajo la responsabilidad de Paloma Rachel Aguilar Correa, quien fuera escolta del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y con quien presume tener línea de comunicación directa.
De nada han valido los señalamientos públicos de nepotismo, amiguismo y desconocimiento elemental de los procedimientos administrativos para desempeñar el cargo. Paloma contrató a su pareja sentimental, suegro y amigos cercanos para cumplir una agenda de control que parece estar por encima de su propia Jefa Raquel Buenrostro.
El escollo
La reforma iniciada en el 2020 para quitar la inequidad laboral generada por las empresas de outsourcing estuvo impulsada en gran parte por la firma del Tratado-México-Estados Unidos-Canadá, que en el capítulo 23 enfatiza la obligación de los países firmantes de mantener o adoptar derechos internacionales laborales reconocidos, como son: igualdad salarial, libertad de asociación y negociación colectiva.
Las empresas de limpieza hicieron un gran esfuerzo para desmarcarse del outsourcing, venciendo cada uno de los escollos que legisladores y administradores les pusieron para registrarse como empresas de servicios. Varios cientos de empresarios se quedaron en el camino al no poder sortear los obstáculos administrativos. Las empresas que lo lograron, acariciaron la posibilidad de que a la luz de la nueva tramitología podrían trabajar mejor, ofreciendo el servicio de sus especialidades, incluso al gobierno.
Para Mauro Meléndez Velázquez, líder sindical de los trabajadores de limpieza por la Organización Laboral por el Desarrollo Económico y Social de la República Mexicana, la oportunidad de abrir una nueva etapa laboral al amparo del T-MEC se había presentado: contratos justos, sueldos dignos y prestaciones a la altura de las necesidades de los trabajadores.
Sin embargo, en la realidad esto no ha sucedido. En una misiva dirigida por su organización sindical a la titular del SAT, Raquel Buenrostro, la dirigencia sindical se queja de que durante este año la administradora del contrato de limpieza, Paloma Aguilar, ha tenido varios y graves retrasos en el pago de los servicios contratados; “los más afectados son los trabajadores, muchos de ellos llevan hasta 7 pagos sin cobrar, lo cual contraviene el espíritu de la actual administración ‘primero los pobres’”.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza (ANBEL) que agremia a la mayor parte de las empresas a nivel nacional, se queja ante Raquel Buenrostro del retraso en 6 meses de pago: “…Como usted comprenderá, la crisis económica por la que atraviesan las empresas, sumada a los retrasos en los pagos durante casi 6 meses, le impide a las empresas de limpieza seguir financiando a su costa los servicios ofrecidos durante estos meses de operación”.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, empresas y sindicatos preparan llevar su queja ante las instancias internacionales del T-MEC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A su juicio, ninguna empresa que se alineó a la reforma laboral propuesta por las propias autoridades puede aguantar tanto tiempo sin cobrar los servicios que ha prestado, pues son los propios funcionarios públicos los que «ponen el pie» a las reformas que el mismo gobierno de la 4T ha impulsado.
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