Debate Senado Ley de Seguridad Interior; amplio rechazo social
Con un impresionante despliegue social y mediático de abierto rechazo a la Ley de Seguridad Interior, tanto de organizaciones ciudadanas, como de organismos defensores de derechos humanos, nacionales y extranjeros, este jueves, 14 de diciembre de 2017, el Pleno del Senado de la República inició el debate del dictamen de la misma con proyecto de Decreto.
En este contexto, un frente amplio de procedimientos especiales de la ONU en materia de Derechos Humanos, en un hecho sin precedente, llamaron al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior, que “podría debilitar la protección de los derechos humanos”.
“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, señalaron en una declaración conjunta Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
La declaración, a la cual se sumaron también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, reúne los siete procedimientos especiales de la ONU, un hecho inédito.
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.
El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, destacaron los expertos en Derechos Humanos.
El grupo señaló que los mecanismos de la ONU vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
En particular, los expertos recordaron al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del Continente Americano, donde la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo.
Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, aseveró.
Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El grupo precisó que han estado en contacto con el Gobierno mexicano en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y piden “una pronta respuesta recibida a sus preocupaciones”.
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