Celebra ONU entrada en vigor de Ley contra desapariciones
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU saludó la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada en México, en un comunicado de prensa publicado hoy.
La Ley, promulgada del 17 de noviembre por el presidente Enrique Peña Nieto, prevé hasta 90 años de prisión para quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público y establece penas especialmente fuertes cuando la persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito, así como cuando la víctima sea menor de edad, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.
El castigo legal será aún más grave cuando la persona haya sido desaparecida por su labor como periodista o por la defensa a los derechos humanos.
El grupo de expertos independientes en derechos humanos de la ONU alentó a las autoridades mexicanas a garantizar una implementación efectiva de la Ley. Su adopción sigue la recomendación que formuló el Grupo de Trabajo al Estado Mexicano luego de su visita al país en el año 2011.
Este paso podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta en esta materia, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de víctimas, dijo el grupo de expertos ONU.
Sin embargo, el Grupo hizo hincapié en la necesidad de poner todos los esfuerzos y recursos en la implementación efectiva de la Ley, y destacó la necesidad de garantizar la participación de las familias de personas desaparecidas, así como otras organizaciones de la sociedad civil, en el proceso legislativo.
“Es especialmente trascendental que se garantice una búsqueda eficaz e inmediata de las miles de personas desaparecidas, principal reclamo de las familias que anhelan saber el destino o paradero de sus seres queridos”, sostuvieron los expertos.
Los expertos añadieron que el proceso de selección de los funcionarios encargados de implementar la Ley debe garantizar la idoneidad de los perfiles, ser transparente, e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas de la sociedad civil.
Los expertos se mostraron también esperanzados en que el nuevo contexto normativo, con la creación de fiscalías especializadas, dé lugar al desarrollo de estrategias eficaces y no fragmentadas de investigación para llevar a la justicia a los responsables y terminar con la impunidad prevaleciente en relación con la desaparición de personas en México.
“Es imprescindible que las fiscalías lleven adelante investigaciones exhaustivas y diligentes y que cuenten con recursos y apoyo político para ello. De otra manera, si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”, sostuvieron.
El Grupo de Trabajo alentó a otros países que enfrentan desafíos similares en materia de desaparición de personas a retomar el proceso participativo de adopción de la Ley General en México y sus contenidos positivos.
Los expertos concluyeron su comunicado expresando su interés por dar seguimiento a la implementación de la nueva ley.
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