Cuestionan a Durazo sobre inseguridad y combate a delincuencia

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de diputados, este jueves 31 de octubre, como parte del Análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, fue cuestionado por los diputados, principalmente de los partidos de oposición, por los pocos resultados en materia de inseguridad y combate a la delincuencia.

El funcionario aseguró, por su parte, que el Estado mexicano prevalece y que no hay “nada de Estado fallido ni debilitado”.

Sostuvo, además, que la inseguridad se tiene que enfrentar como una corresponsabilidad de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno, de la sociedad, e incluso la parte internacional, dado que el crimen organizado del país tiene un carácter trasnacional.

En la ronda de preguntas, el diputado Mario Delgado Carrillo, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente López Obrador, defendió la política de seguridad pública, al explicar que hoy a la delincuencia se le combate con una estrategia que busca eliminar sus raíces, como son la marginación, la pobreza, la injusticia, el atraso y, al mismo tiempo, recomponer el tejido social. Y en este sentido, manifestó que “seguiremos trabajando de la mano del Presidente y de su gabinete hasta que prevalezca la paz y la tranquilidad”.

Por el contrario, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Arturo Espadas Galván, lamentó que se use al Ejército y Marina como escudo para explicar una fallida estrategia en el «culiacanazo». Señaló, además, que México vive una terrible inseguridad y a nadie ayuda culpar a otros gobiernos. “Las víctimas de la delincuencia sí guardamos rencor y sí queremos la fuerza contra el crimen. Se requiere una estrategia real, no de abrazos ni chistes”.

Del mismo modo, Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que en los 10 meses del gobierno actual se han registrado más de 30 mil asesinatos y que a esta dependencia se le han brindado todas las herramientas para cumplir; preguntó por qué ha fallado en su tarea, a qué factores se atribuye esa ineficiencia y cómo explicar que 67 por ciento de la población considera que la inseguridad sigue siendo un problema grave. Ratificó la solicitud de juicio político al funcionario, dada la falta de resultados, y la actuación del 17 de octubre. “En este sentido, resultaría una actitud de congruencia que presentara su renuncia”.

Igualmente, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, diputado del Partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la inseguridad representa una de las más grandes amenazas a la nación; es un problema de Estado. Propuso un nuevo acuerdo nacional de seguridad, justicia y paz en el que se coordinen los tres órdenes de gobierno. Preguntó si el Ejecutivo está dispuesto a una nueva estrategia que considere a estados y municipios y reestructurar el presupuesto 2020 para recuperar partidas que reflejan una baja de fondos en la materia.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, luego de externar su apoyo a los soldados y los marinos, preguntó sobre el balance de la estrategia en seguridad, qué debe corregirse y cómo, y si se tiene previsto promover la sustitución de los integrantes de la Guardia Nacional que están haciendo tareas migratorias y si se buscará mayores recursos.

En su turno, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Alfredo Porras Domínguez, aunque reconoció que uno de los grandes reclamos de la sociedad ha sido la inseguridad que se vive cada día, reconoció también «la actitud del gobierno en los sucesos de Culiacán, Sinaloa”.

En sus respuestas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, refrendó la política de seguridad que se está aplicando en el gobierno de López Obrador, al manifestar que “dejamos atrás la visión exclusivamente policial y militar para atender las causas profundas que generan la inseguridad”.

Subrayó que el problema de la inseguridad no es una responsabilidad exclusivamente policial, el uso de la fuerza pública es un recurso legítimo del Estado, pero no es el primero.

Y en cuanto a su eventual renuncia, afirmó que “es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. Lo he dicho en otras ocasiones: Ni busqué esta responsabilidad, pero una vez asumida, no la eludiré y estaré aquí cumpliendo en la medida en que tenga que aportar a la solución del problema de la inseguridad”.
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