Cuestionan terna para SCJN por no garantizar independencia
Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y personas defensoras de derechos humanos llamaron al Senado de la República a rechazar la terna propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a la Ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Advirtieron que la propuesta del Ejecutivo federal no garantiza la independencia judicial dada la cercanía de las tres candidatas con el presidente de la República, con integrantes de su gobierno y su partido, lo que representa un elevado riesgo de conflictos de interés al momento de impartir justicia.
Esta terna se integra por Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf, quienes ya habían sido propuestas anteriormente por el Ejecutivo federal y no contaron con el respaldo del Senado de la República en diciembre de 2018 para sustituir al Ministro José Ramón Cossío; así como por Yasmín Esquivel Mossa, vinculada a un empresario del sector inmobiliario, que es al mismo tiempo asesor del Ejecutivo federal.
Las organizaciones firmantes recordaron que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han enfatizado que la independencia judicial es un elemento fundamental para garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Las organizaciones civiles explicaron que este principio busca dar certeza sobre el ejercicio libre de las labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial, y que la designación no sea influenciada por motivos como la afinidad partidista o la cercanía a grupos de poder.
En este sentido, argumentaron, la evidente cercanía que tienen las integrantes de la terna con el Ejecutivo federal y el partido al que éste pertenece, así como el potencial conflicto de intereses, atenta seriamente con el principio de independencia judicial que debe prevalecer en el máximo órgano de justicia.
Por estos motivos, demandaron al Senado de la República rechace la terna y se genere un proceso abierto que permita la conformación de una terna integrada por personas candidatas que se caractericen por sus méritos, su experiencia y su capacidad, además de su independencia.
Acabar con los altos niveles de impunidad y abusos de autoridad en el país -concluyeron- requiere de instituciones de justicia confiables, lo cual pasa por procesos de designación que aseguren que quien sea electa por el Senado es el perfil adecuado para proteger el interés público por encima de intereses privados o de un grupo en específico. Sólo en esa medida, se podrá tener un país más justo.
Las organizaciones firmantes son: ARTICULO 19 México y Centroamérica; Borde Político; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Equis Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); México Evalúa; y Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas. Con el apoyo internacional de Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
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