Esperan veto o acción de inconstitucionalidad de ley de seguridad
La Cámara de Diputados aprobó la minuta que el Senado de la República regresó este viernes al Palacio Legislativo de San Lázaro que expide la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.
Al llegar la minuta del Senado a la Cámara de Diputados, que se encontraba en receso desde el jueves a las 18:30 horas en espera de su llegada, los diputados iniciaron el viernes la discusión de la minuta.
Previamente, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que “el Senado realizó modificaciones a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26 y la adición de un artículo quinto transitorio del proyecto de decreto”, y aclaró que la discusión versaría “únicamente sobre las reformas o adiciones que la colegisladora haya realizado, sin poder alterarse de manera alguna los artículos aprobados por ambas cámaras”, como lo dispone la fracción E del artículo 72 constitucional.
Y con este formato se llevó a cabo el debate, que finalmente concluyó con la aprobación de la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, cuestionada no sólo al interior de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, sino también por organizaciones sociales y organismos nacionales y extranjeros defensores de los derechos humanos.
El documento se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esperan que el Ejecutivo vete la Ley
Tras culminar de esta manera el debate legislativo sobre esta polémica Ley, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en un comunicado, sostuvo que la Ley de Seguridad Interior aprobada no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca profundamente la relación cívico-militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense, lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional del país.
Empero, aseguró que la imposición de la Ley no está consumada, ya que el Presidente de la República podría emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime. Argumentó que esto debería ocurrir, dado que empeñó su palabra en la realización de un diálogo que sin embargo no ocurrió.
Pero, ante la improbabilidad de que esto ocurra, la CMDPDH se pronunció por activar otros mecanismos para revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley, por ejemplo, que la minoría legislativa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaran una acción de inconstitucionalidad; o que los municipios y gobernadores que en un ejercicio de soberanía entiendan que esta Ley amenaza sus facultades, interpusieran una controversia constitucional; entre otros.
La CMDPDH explicó que la presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda analizar esta norma.
Aseveró que la responsabilidad de la SCJN es ineludible, ya que, como quedó de relieve en el debate, en buena medida fue este tribunal, con sus fallos en la década de los noventa, el que abrió el camino a la militarización del país.
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