Exhiben opulencia y excesos de la familia de Gómez Urrutia
Pese a que tuvo un periodo de 12 años de autoexilio en Canadá, a su regreso a México Napoleón Gómez Urrutia ha logrado concretar, en conjunto con su familia, un emporio económico y político tras recibir al final del 2018 un escaño en el Senado de México.
El hijo del legislador, Napoleón Gómez Casso, presume en redes sociales una colección de 31 vehículos de lujo y deportivos, en la que el precio del auto más barato rebasa los 2 millones de pesos, según una investigación difundida por el periodista Carlos Loret de Mola. Su colección también cuenta con motocicletas y bicicletas de lujo.
Además, Gómez Casso, quien se presenta como como empresario e inversionista, creó dos empresas dedicadas a las actividades reguladas por las dos comisiones que su papá integra en la Cámara Alta: la de Minería y la de Energía.
Dichas empresas fueron construidas sólo cinco días después de la entrada en funciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas es Exploraciones Rhino, la cual fue fundada el 14 de noviembre de 2018, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Gómez Casso también creó la empresa Abstract Energy Holding. La registró como dedicada a la comercialización de paneles solares y generadores de energía eléctrica y mantiene el 98.5% de las acciones.
Abstract Energy Holding es, a su vez, accionista de la minera Exploraciones Rhino.
A Napoleón Gómez Urrutia se le investigó en 2006, en el sexenio de VIcente Fox, por el desvío de 55 millones de dólares del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Sin haber sido minero, Gómez Urrutia heredó el liderazgo del sindicato minero en 2002, a la muerte de su padre, Napoleón Gómez Sada, quien dirigió a la organización por un periodo de 40 años. Actualmente se le vincula con intereses de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, contrarios al desarrollo de la industria en México.
El reporte también indicó que la familia de Gómez Urrutia ha amasado una fortuna en inmuebles que rebasa los 150 millones de pesos, todo ello, al amparo del poder político y los trabajadores mineros.
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