Expertos del Colectivo PE$O piden un Consejo Fiscal apartidista
A pesar de que la deuda y los ingresos aumentaron de manera considerable en la presente administración, el gasto en sectores prioritarios como inversión, educación y salud no ha crecido al ritmo necesario para resarcir brechas. Así lo señalaron especialistas de organizaciones que integran el Colectivo PE$O-integrado por Fundar, IMCO, Gesoc, CIEP, ITDP, Ethos, Frente a la pobreza y México Evalúa-, quienes explicaron que en 2012, el gasto en inversión fue de 4.3% del PIB, el de educación de 3.6% y el de salud de 2.8%, y que para 2017 estos tres rubros se redujeron a 2.6%, 3.2% y 2.5%, respectivamente.
“Indicadores como éstos son resultado de la ausencia de una revisión, evaluación y discusión fiscal robusta, basada en evidencia, que identifique con claridad las deficiencias del presupuesto público y por ende las medidas necesarias para atenderlas”, advirtió Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. Ante este panorama, el Colectivo propone contar con un solo centro de estudios apartidista y con capacidad técnica en el Poder Legislativo Federal, el cual debe ser capaz de desempeñar de manera seria y objetiva el análisis, seguimiento y evaluación de la política fiscal.
Con base en la experiencia internacional, a este tipo de organismos se les denomina ‘Consejo Fiscal’. “Existe evidencia seria en el mundo de que los consejos fiscales –cuando tienen un diseño adecuado– se asocian con mayor disciplina fiscal, así como un mayor cumplimiento de la regla fiscal y balances primarios positivos”, subrayó Adrián García, investigador del CIEP.
Aunque la Constitución otorga amplias facultades al Congreso para fungir como contrapeso en materia fiscal, los legisladores no han cumplido con sus atribuciones: cada año el Decreto de Presupuesto y la LIF son aprobados sin discusión profunda entre los legisladores, promoviendo un presupuesto poco realista, que no corresponde con la realidad de los recursos obtenidos y ejercidos en años anteriores, ni es pertinente para las necesidades que se prevén financiar en los próximos años.
De igual manera, la falta de discusión fiscal se extiende a todo el ciclo presupuestal: el Congreso no revisa ni discute los documentos que recibe a lo largo del año. Prueba de ello es que no ha dictaminado las cuentas públicas correspondientes a ocho ejercicios fiscales.
Si bien es fundamental rescatar las buenas prácticas y los avances que han tenido tanto el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados, como el Instituto Belisario Domínguez en el Senado, los especialistas consideraron que hay que mejorar los aspectos que aún continúan deteniendo su capacidad de realizar análisis presupuestario objetivo y suficiente. Por ejemplo, es fundamental blindar a estos centros de la captura política. Actualmente, su dirección depende de la suerte.
Para garantizar la eficiencia de este organismo, el Colectivo planteó que éste deberá: 1) ser apartidista y obedecer a un proceso de nombramiento mediante parlamento abierto que controle los sesgos políticos, 2) tener autonomía técnica y de gestión, 3) ser una voz autorizada en los temas hacendarios desde el Poder legislativo, 4) generar estudios con evidencia robusta sobre la situación de la política fiscal, que promuevan e informen el debate público y nutran la toma de decisión, 5) opinar en momentos clave del ciclo presupuestario, 6) seleccionar a su personal con base en el mérito, conocimiento y experiencia, y 7) coordinarse y vincularse con las comisiones del Congreso y con consejos fiscales de otros países.
De manera más específica, el Consejo Fiscal que se propone deberá dar una opinión sobre el marco macroeconómico, un análisis de las asignaciones de gasto propuestas respecto a su evolución histórica y estimaciones de las necesidades de gasto en sectores prioritarios, una evaluación del cumplimiento de la regla fiscal, hacer análisis prospectivo sobre la sostenibilidad fiscal, costear las propuesta de política pública, elaborar un reporte post-electoral de las propuestas de campaña más importantes y sus costos, entre otras.
“Es ingenuo creer que los mecanismos de responsabilidad hacendaria inscritos en la ley de México son suficientes para garantizar la disciplina fiscal”, aseguró Alfredo Elizondo, investigador de Gesoc. Por ello, las organizaciones insistieron en monitorear el funcionamiento de dichos mecanismos desde una perspectiva técnica y objetiva.
Esta propuesta será llevada a diversos actores interesados con la intención de que sea tomada en cuenta en la próxima legislatura. En este sentido, el Colectivo destacó que, a pesar de que todos los candidatos proponen “ordenar” el gasto, esto no será posible sin una figura robusta que desempeñe las funciones descritas.
“En momentos en los que estamos repensando México, necesitamos incorporar los elementos clave para construir las instituciones que el país requiere, lo que permitirá promover la discusión fiscal responsable, a la altura de los retos de nuestra población y del contexto que enfrentamos”, concluyeron.
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