Guanajuato se convierte en el estado más violento de México
El Estado de Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta de la República Mexicana; incluso, seis municipios guanajuatenses se encuentran entre los 20 más violentos del país, reveló el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), tras pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador reorientar la política pública para desmantelar a los grupos criminales.
“Se reconfiguró la violencia. Antes la teníamos en Tamaulipas, la taníamos en Sinaloa, y ahora se ha concentrado en Guanajuato. Si (las autoridades federales) no hacen otra cosa diferente, la violencia va a seguir”, advirtió José Antonio Ortega Sánchez, presidente del CCSPJP.
Al presentar en conferencia de prensa el estudio La violencia en los municipios de México (2018), Ortega Sánchez afirmó que la llamada “prevención social del delito”, impulsada por Felipe Calderón Hinojosa, retomada después por Enrique Peña Nieto, y que ahora aplica el presidente Andrés Manuel López Obrador, resultó un fracaso.
Y es que, luego de haberse gastado más de 16 mil millones de pesos en los últimos ocho años en “prevención social del delito”, México hoy es más violento.
«Los subsidios que dieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto no sirvieron absolutamente para nada, como tampoco van a servir los que ahora está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador», sostuvo.
José Antonio Ortega recordó que la asociación civil que él preside pronosticó que el programa de “prevención social del delito” -basado en subsidios y otras medidas no coercitivas- estaba condenado al fracaso porque no actúa ni contra la impunidad ni para desmantelar a los grupos criminales, además de que parte de la suposición de que los delincuentes delinquen “por necesidad”.
Aseguró que, por tanto, “podemos pronosticar que la orientación que en el mismo sentido y de manera más radical lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está condenada al fracaso”. Y si a esto se le agregan las negativas a actuar contra los delincuentes en general porque tienen “necesidad” o contra los jefes de los grupos criminales, el resultado será desastroso para México, subrayó Ortega Sánchez.
Por segundo año consecutivo, el municipio de Tecomán, Colima, fue el que presentó el Índice de Violencia Municipal más elevado, con 89.45 puntos; Tijuana, segundo lugar, con 88.66 puntos; y Salamanca en tercer lugar, con 79.21 puntos.
Refirió que en la edición 2018 del ranking de violencia en los municipios de México se incluyeron 234 de los 2,458 que existen en el país, de los cuales 104 presentaron un nivel de violencia por encima del promedio nacional. Pero estos municipios en su gran mayoría ni son pobres, ni han visto empeorar los niveles de bienestar, sino exactamente lo contrario. Sólo un municipio de estos 104 (Chilapa de Álvarez, Guerrero) tiene un nivel “muy alto” de marginación.
Cabe destacar que hasta antes de 2018 ningún municipio de Guanajuato (un estado con un bienestar muy alto y una pobreza muy baja) había figurado entre los 20 más violentos, pero en 2018 ingresaron seis municipios (Salamanca, Salvatierra, Irapuato, Pénjamo, Silao y Celaya). Esto se debe a las pugnas entre grupos criminales (entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación), que se disputan el control del robo de combustible de PEMEX, el transporte de carga por ferrocarril y el transporte de carga por carreteras y ciudades.
Esto confirma que no son las condiciones económicas las que determinan la incidencia criminal. En los últimos 10 años Guanajuato ha sido de los estados con mayor crecimiento económico y reducción de la pobreza y del rezago educativo. Para 2020 Guanajuato podría reducir a cero el porcentaje de personas en pobreza extrema (a la fecha es de 4.2%).
Por último, José Antonio Ortega hizo un llamado al presidente López Obrador para que, a través de este estudio, vea el panorama de una manera más completa, vea estos 234 municipios de más de 100 mil habitantes, donde está más del 80 por ciento de la población y donde se concentra el 80 por ciento de los delitos, y reoriente su política publica y establezca otro tipo de medidas, como aplicar la ley, cumplir con el Estado de Derecho, no perdonar a los delincuentes y desmantelar las bandas criminales.
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