Iniciativa de Morena amenaza el equilibrio de Poderes
Organizaciones ciudadanas y líderazgos sociales advirtieron del riesgo que representa para la independencia del Poder Judicial de la Federación la iniciativa de Morena que pretende crear una Tercera Sala Especializada en Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aumentar a 16 el número de ministros.
La iniciativa de reforma constitucional propuesta el pasado 4 de abril por Morena, es una estrategia bien conocida a la que han recurrido los poderes políticos de la más variada ideología en otros países, con el fin de aumentar su influencia sobre las decisiones de tribunales constitucionales o cortes supremas.
En el caso de México, esta iniciativa no se puede disociar de anteriores iniciativas que pueden afectar al Poder Judicial, ni de los recientes nombramientos de dos nuevos ministros llevados a cabo mediante procedimientos sumamente cuestionados, ni tampoco del reciente e insólito nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El conjunto de iniciativas que tocan al Poder Judicial de la Federación pondrían a México dentro del grupo de países que han visto socavada la independencia judicial por propuestas exclusivas y originarias del poder político en gobiernos de mayoría parlamentaria, sostuvieron.
Las personas y organizaciones resumieron en tres puntos por qué esta reforma no es la adecuada para combatir el flagelo de la corrupción en México:
1) Resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente
Si bien la iniciativa no fue propuesta por el Ejecutivo, sí lo fue por el partido mayoritario en el Senado que coincide con el del Presidente de la República, y de aprobarse, le beneficiaría a él, al otorgarle la capacidad de nombrar a cinco nuevos ministros, potencialmente afines y leales. Con los dos ministros recientemente propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, el Ejecutivo probablemente contaría con el apoyo de siete votos (y con ocho a partir de 2021 cuando se retire el ministro Franco), los cuales serían suficientes, por ejemplo, para rechazar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes promovidas por el actual gobierno, pues ahora sería necesaria una mayoría de 11 de los 16 votos del Pleno para invalidar normas generales. Con ello, leyes violatorias de derechos humanos o favorables a grupos de interés económicos o políticos podrían seguir formando parte del ordenamiento jurídico, al no haber satisfecho el requisito formal de la mayoría calificada para su expulsión. Esto preocupa porque al contar con una amplia mayoría legislativa, el Ejecutivo casi asegura que sus iniciativas sean aprobadas. Los controles y contrapesos que toda democracia debe tener constitucionalmente para su correcto funcionamiento se debilitarían de manera sustantiva.
2) No está basada en diagnósticos rigurosos y objetivos, que especifiquen la relación entre medios y fines
La iniciativa expone algunas cifras sobre el rezago en la Segunda Sala de la Suprema Corte. Sin embargo, las tasas de rezago de la Segunda Sala se encuentran dentro del promedio de rezago de una Corte Suprema como la nuestra. Además, la carga procesal, como se ha observado en diversos países, no se resuelve creando nuevos órganos, sino mediante estrategias de mejora de procedimientos. Sin otras evidencias más que las ofrecidas en la iniciativa, no se puede tomar una decisión informada sobre la necesidad de una nueva Sala especializada en esta materia. La motivación fundamental de la iniciativa es el ahorro de recursos monetarios consistente con la política de “austeridad republicana”. No obstante, no existe evidencia alguna de que una iniciativa de esta naturaleza contribuya a dicha austeridad, pero algunos antecedentes internacionales demuestran cómo medidas de este tipo terminan minando la independencia en la impartición de la justicia y con ello, la salud republicana.
3) Cambiaría la naturaleza de la Suprema Corte
La Suprema Corte es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la mayoría de los asuntos que tienen que ver con delitos de corrupción. Por ello, en todo caso, la creación de un tribunal de menor jerarquía para atender esos casos podría ser suficiente.
Por todo lo anterior, las organizaciones y liderazgos sociales hicieron un llamado a los senadores para no aprobar esta reforma; y reforzar la política de combate a la corrupción fortaleciendo el Sistema Nacional Anticorrupción, no creando una nueva Sala de la Suprema Corte especializada en esta materia.
Y concluyeron que, sin duda, son necesarias reformas al Poder Judicial Federal, pero con el fin de fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas y blindar su independencia, no para socavarla.
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Las organizaciones ciudadanas y liderazgos sociales que hicieron este pronunciamiento, son:
Organizaciones
Academia Mexicana de Derecho Fiscal; Artículo 19 México y Centroamérica; Causa en Común; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Colectivo BUSCAME (Buscando Desaparecidos México); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); El Día Después; Equis Justicia para las Mujeres; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; I(DH)EAS, Asociación de Litigio Estratégico; Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; Impunidad Cero; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Laboratorio de Innovación para la Paz; México Evalúa; México Unido contra la Delincuencia (MUD); Observatorio Designaciones Públicas; Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana); Red por la Ciudadanización de la Justicia; Red por los Derechos de la Infancia (REDIM); Renacer Lagunero; Sabuesos
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Visión Legislativa; y Zacatecanos por la Paz. Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Personajes:
Alejandra Ríos Cázares; Alejandro Madrazo Lajous; Alejandro Monsiváis Carrillo; Alfonso Pérez Cuéllar Martínez; Ana Díaz Aldret; Ana Elena Fierro; Andrea Pozas Loyo; Ángel Junquera Sepúlveda; Angélica Cuéllar; Arturo Pueblita Fernández; Camilo Emiliano Saavedra Herrera; Carlos Bravo Regidor; Carlos García Fernández; Carlos Garza Falla; Carmen Pardo; Catalina Pérez Correa; Claudia Maldonado Trujillo; Cristina Puga Espinosa; David Arellano; Denise Dresser; Eliana García Laguna; Fernando Barrientos del Monte; Fernando Castaños; Gabriela Cantú Ramos; Héctor Fix Fierro; Irene Tello Arista; Ivan Islas Flores; Ixchel Cisneros Soltero; Jacqueline Peschard; Javier Cruz Angulo; Javier Martín Reyes; Josafat Cortez Salinas; José Antonio Caballero; José Mario de la Garza Marroquín; Judith Mariscal Avilés; Juan Rosellón Diaz; Jorge Cadena Roa; Jorge Javier Romero; Juan Martín Pérez García; Julián Mejía; Julio Madrazo; Julio Ríos Figueroa; Karina Ansolabehere; Khemvirg Puente; Laurence Pantin; Lourdes Morales; Luis Daniel Vázquez Valencia; Maite Azuela; Marco Fernández; María Inclán Oseguera; María Novoa; Mariano Sánchez Talanquer; Maricarmen Ramírez Moreno Pérez; Mariclaire Acosta Urquidi; Miguel Armando López Leyva; Oscar Cruz Barney; Rodolfo Darío Vázquez Cardozo; Pablo Mijangos y González; Rafael Ramírez Moreno Pérez; Rafael Ramírez Moreno Santamarina; Rocío Ramírez Moreno Pérez; Rodolfo Loyola Vera; y Silvia Inclán Oseguera.
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