Rechaza PRI decreto de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, que coordina el diputado René Juárez Cisneros, rechazó el decreto del Presidente de la República por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
El Decreto “genera incertidumbre, entre la ciudadanía como en integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre sus alcances jurídicos y pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración”, externó la bancada en un comunicado.
Si bien ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma constitucional aprobada por el Congreso, “es preocupante que se aproveche la emergencia de salud que vive el país para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas”.
“La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para usar una facultad sin los controles que establece la propia Constitución. La falta de definición conduce a interpretar que el Gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder”, aseveró.
La fracción subrayó que durante la aprobación de esa reforma constitucional, los legisladores del PRI ratificaron su reconocimiento a la labor extraordinaria de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, y advirtieron que el éxito para alcanzar la paz dependía de la administración y estrategia del Gobierno.
“El Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de conducir los esfuerzos de la sociedad para lograr la paz y debe ser claro en cuanto a los resultados de estos últimos 18 meses. Las cifras indican que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos. Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento”, sentenció.
Los diputados del PRI argumentaron que “el país no puede esperar, se requieren instituciones y estrategias que verdaderamente contribuyan al restablecimiento de la paz en todo el territorio».
Refirió que, tan sólo en el 2019 y lo que va de este año, aun en medio de la fase 3 de la pandemia por el Covid-19, las cifras oficiales revelan que la violencia en México no ha dado tregua a las familias mexicanas de todo el territorio.
Consideró que es necesario revisar los términos del decreto, para garantizar que ninguno de sus cinco artículos y dos transitorios, sean contrarios a lo establecido en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, con una naturaleza claramente civil.
“El Ejecutivo debe dejar fuera de toda duda el cumplimiento pleno de las condiciones para la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, demandó.
“No basta con que el decreto presidencial se limite a reproducir dichas palabras, debió incorporar y desarrollar mecanismos jurídicos para garantizar su cumplimiento. En consecuencia, el decreto tendría el riesgo de ser inconstitucional”.
Recordó que las Fuerzas Armadas estarán impedidas a partir de 2024 para realizar funciones de seguridad pública, por lo que será indispensable haber alcanzado resultados de la política civil en materia de seguridad, tal como se señala en la reforma que creó la Guardia Nacional.
En este marco, aseguró que la publicación del decreto es una medida que va en contrasentido de este objetivo, ya que, en lugar de trabajar para fortalecer a las policías civiles, se activa un mecanismo que debía ser extraordinario. A este respecto, señaló que desde la creación de la Guardia Nacional, muy poco se ha hecho para fortalecer a los cuerpos policiacos estatales y municipales.
El decreto, afirmaron, contraviene las observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en México, que recomendó alejarse del enfoque militarizado y avanzar en una institución civil para garantizar el retiro paulatino y planificado de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad ciudadana.
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que, ante esta situación, seguirá muy atento los efectos legales de este decreto y el cumplimiento del compromiso de pacificación que hizo este gobierno sin instaurar de forma permanente una estrategia pro militarización en el país.
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