La justicia digital tiene un potencial transformador más allá de contingencias
México Evalúa presentó este jueves, 7 de octubre, la Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia, un documento que ofrece una revisión y análisis de los procesos de planeación e implementación de diferentes políticas diseñadas por los poderes judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, para ampliar el acceso a la justicia y eficientar sus labores mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
Luego de que la contingencia por covid-19 obligara a los poderes judiciales en el país a suspender parte de sus servicios y a buscar alternativas para reanudar la atención al público, las brechas de desarrollo de soluciones tecnológicas entre diferentes poderes locales, incluido el Federal, se hicieron evidentes. Tal es el punto de partida de la Guía, la cual, sin embargo, va más allá del contexto de la pandemia, pues tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de la justicia digital manteniendo el respeto por el debido proceso e impulsando garantías de transparencia.
El estudio identifica obstáculos normativos para el uso de ciertas tecnologías en ciertas materias y momentos procesales. Este hecho cobra relevancia a la vista de las distintas iniciativas en la materia que se encuentran hoy en la agenda legislativa. Destacan la iniciativa de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega —la cual incorpora algunos aspectos de justicia digital—, y la presentada por el senador Ricardo Monreal, con el sentido de obligar a todos los poderes judiciales a desarrollar un “sistema de justicia en línea”.
Con este contexto en mente, Edna Jaime, directora de México Evalúa, apuntó: “Tenemos la convicción de que la justicia digital, bien ejecutada, tiene un potencial transformador que trasciende contingencias. Todo indica que nuestros tomadores de decisión en el Poder Judicial y Legislativo también lo consideran así. La Guía pretende, en última instancia, enriquecer el proceso legislativo y la toma de decisión que le corresponde a cada poder judicial del país, con recomendaciones basadas en evidencia y buenas ideas probadas nacional e internacionalmente”.
Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa, tras describir algunas buenas prácticas —desde el Tribunal de Resolución Cívica en línea de British Columbia en Canadá hasta la realización de juicios completamente en línea en los poderes del Estado de México y Nuevo León, pasando por la necesidad de una firma digital universal—, hizo un exhorto general: “Es importante que los poderes judiciales busquen coordinarse para compartir sus experiencias y apoyarse para encontrar las mejores soluciones hacia la digitalización de la justicia. Consideramos que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) puede jugar un papel fundamental en este ámbito”.
La diputada Pilar Ortega estuvo presente en la conversación en línea. Inició su participación describiendo las actuales condiciones —adversas— del derecho de acceso a la justicia en nuestro país, para subrayar que cuando se habla de una transición hacia un sistema digital de impartición de justicia, corremos el riesgo de suponer que el cambio por sí mismo corregirá ciertos vicios en el sistema. Insistió, además, en que la transición hacia un modelo digital de justicia debe ser un paso para acercar a la ciudadanía con las instituciones; una transición de estas características sin un Poder Judicial robusto e independiente, sólo redundaría en un sistema “moderno en apariencia, pero retrógrada en los hechos”. La diputada reiteró su disposición a iniciar un proceso de Parlamento abierto al interior de la Cámara, con vistas a la discusión de iniciativas como la del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Por su parte, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alertó: hay una sobrecarga en el sistema de justicia. Cinco meses con juzgados cerrados (por la pandemia), y la consecuente interrupción en la presentación de demandas, ponen un riesgo de colapso en la justicia. “Y no tendríamos válvulas para la conflictividad social”. Con esta preocupación, saludó la posibilidad de contar con alternativas de resolución de conflictos como las que pone sobre la mesa la Guía. “No estamos construyendo una utopía (…) Debemos pensar cómo acercarmos el mayor número de herramientas al mayor número de personas, para resolver el mayor número de conflictos de la mejor manera posible”.
El mensaje final: la digitalización de la justicia no solamente es indispensable, sino que también es inevitable, pero no por ello deja de ser un asunto delicado que requiere reflexión basada en evidencia. Allí está la utilidad a la que aspira esta Guía.
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