Pide CMDH a SCJN rechazar Prisión Preventiva Oficiosa
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos A. C. (CMDH) espera que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes iniciaron el análisis de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), voten contra esta figura por atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos.
Tras demandar que los ministros de la SCJN basen su voto en la defensa de los derechos humanos y no en mandatos del Poder Ejecutivo, la CMDH argumentó que la PPO es violatoria de los derechos humanos, ya que permite que se envíe a prisión a una persona de manera automática tan sólo con la acusación del Ministerio Público, aun sin pruebas suficientes, violando así la presunción de inocencia.
La ONG calificó de “falacia” la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia “mañanera” del viernes 2 de septiembre, en el sentido de que la eliminación de la PPO favorecería la liberación de delincuentes, Dijo que esta afirmación es falaz porque el presidente olvida mencionar que dentro de estas medidas cautelares existe también la Prisión Preventiva Justificada (PPJ), que se da después de que los jueces consideran que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar, ya sea la presencia del imputado en el juicio, o para la protección de la víctima o bien de los testigos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a esta discusión en medio de la presentación del caso “García Rodríguez y Reyes Alpízar vs México” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José de Costa Rica, caso emblemático que se relaciona con los artículos 18 y 19 de la Constitución mexicana, por las violaciones al debido proceso y a la libertad de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años sin sentencia que los condenara.
La CMDH exigió a las autoridades reconocer su obligación de tomar las medidas necesarias y efectivas para proteger los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía reconocidas en la Constitución mexicana y en los Tratados internacionales ratificados por México.
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