Pide el FNF al gobierno atender el abuso infantil en México

El Frente Nacional por la Familia (FNF) pidió al gobierno federal atender la grave problemática del abuso sexual infantil, así como leyes y políticas públicas que permitan resguardar la integridad física y psicológica de los menores.

Para ese buen resguardo de los menores, el FNF demandó también que el Congreso de la Unión y los congresos locales generen iniciativas que fortalezcan la familia, no que la destruyan.

“La Familia proporciona la mejor protección a los niños contra el abuso, el descuido y la explotación, por ser la unidad central encargada de la integración social primaria de las niñas y niños, lo que la constituye en el elemento natural y fundamental de la sociedad”, señaló Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.

En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, el dirigente nacional del FNF puso de relieve que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Precisó que por cada mil casos de abuso a menores, únicamente se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, y finalmente sólo un caso resulta en una condena.

Rodrigo Iván Cortés denunció la contradicción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre lo que denuncia y lo que promueve respecto al abuso sexual infantil.

“Por un lado, dice que con la pandemia se han elevado los casos de abuso sexual infantil, y por el otro, promueve, bajo términos no convenidos ni vinculantes como ‘derechos sexuales’ que los niños exploren irrestrictamente en espacios online su sexualidad sin intervención de los padres o tutores, cuando es justo en esos espacios donde los abusadores enganchan a los niños”.

En ese sentido, el Frente Nacional por la Familia reiteró su rechazo a cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial. Y en línea con esta postura, demandó que el gobierno federal y los gobiernos estatales adquieran herramientas tecnológicas de inteligencia que permitan eliminar contenidos con trasfondo sexual y detectar grupos en redes sociales y páginas web que difunden violencia sexual y pornografía infantil.
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