Piden organizaciones a legisladores garantizar educación de calidad

La Unión Nacional de Padres de Familia, Suma por la Educación y Alianza de Maestros demandaron a los legisladores garantizar, por medio de la Ley General de Educación, el derecho de niños, adolescentes y jóvenes a contar con una educación de calidad, con los mejores maestros, con una participación activa de los padres de familia y libre de ideologías.

En rueda de prensa, las organizaciones civiles se dijeron sorprendidas al ver que la propuesta de la nueva Ley General de Educación no describe la idoneidad ni tampoco cuáles serán los mecanismos de evaluación para el ingreso y promoción de los maestros al Sistema Educativo Nacional, aunado al temor de que, en las negociaciones del Gobierno Federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se haya pactado el ingreso directo de los egresados de las escuelas normales superiores. “En esta ley debe quedar claro que la evaluación debe ser objetiva, equitativa y contextualizada”, dijeron.

Carlos Aguirre Marín, director de Alianza de Maestros, afirmó que “los profesores deben contar con un marco claro del proceso de evaluación-capacitación-retroalimentación. La Ley General de Educación carece de principios y articulación en este sentido. Es derecho de los maestros conocer las áreas de oportunidad de mejora y contar con la información y capacitación al respecto”.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, indicó que “es indispensable definir el derecho de los padres y madres de familia a participar en las decisiones que se tomen en el tema educativo, además de recibir información sobre la situación académica y de comportamiento de sus hijos, los métodos pedagógicos aplicados en la enseñanza, la aplicación de recursos en las escuelas, los métodos y criterios de evaluación aplicados tanto a alumnos como maestros”.

Es necesario también que la educación que reciban los alumnos quede libre de ideologías y responda a niveles de calidad que los estudiantes mexicanos merecen, añadió el presidente de la UNPF.

En su mensaje a los medios, los dirigentes de las tres organizaciones señalaron que hay varios puntos que deben quedar claros en la Ley General de Educación. Entre otras peticiones destacaron el incluir la consulta a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea educativo. Dijeron también que la ley no hace mención de las organizaciones de la sociedad civil, siendo que éstas juegan un papel relevante en las intervenciones locales, para lograr escalabilidad, aplicar mejores prácticas y para llevar a cabo proyectos donde el gobierno no llega.

Asimismo, demandaron eliminar la sobrerregulación y las disposiciones de carácter reglamentario a la educación privada incluyendo una perspectiva de complementariedad y colaboración.

Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, dijo que “se debe introducir, de manera integral en el cuerpo de la ley, la educación inicial, puesto que queda al margen de los demás niveles educativos, carece de una adecuada articulación con el Sistema Educativo Nacional y no considera las disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”.

También se pronunció por que el Sistema de Información y Gestión Educativa sea público y que los estados lo repliquen de acuerdo con sus características locales. Esto permitirá que los padres de familia y la sociedad en general vigilen permanentemente los datos que inciden en la educación de sus hijos, así como la preparación de quienes laboran en los planes escolares.

Landero concluyó afirmando que “es fundamental abrir el intercambio de ideas en la Ley de Carrera para los Maestros y Maestras sobre el proyecto de transformación de las escuelas normales para que éstas respondan a la formación que requieren los maestros para hacer frente a la realidad de los retos de las comunidades y el país, así como los retos que demanda la vida y el trabajo en el siglo XXI”.
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