Rechaza Red Familia nueva ley de población de Sánchez Cordero

La organización Red Familia denunció que la senadora Olga Sánchez Cordero impulsa una iniciativa de ‘Nueva Ley de Población’ que atenta contra la vida y centra su atención en los mal llamados ‘derechos sexuales y reproductivos’ que carecen de fundamento jurídico y de consenso social, por lo que demanda frenar esta iniciativa.

Red Familia argumenta que la iniciativa está plagada de graves deficiencias jurídicas de fundamentación y contenido, además de trasgredir abiertamente el marco jurídico nacional e internacional.

Advirtió que esta iniciativa pretende imponer, entre otras cosas, una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP), para recabar todos los datos biométricos y de fotografía para disponer arbitrariamente de ellos y hacer a un lado la credencial de elector como identificación oficial.

Consideró además que dicha iniciativa no afronta el desafío poblacional más importante, que es el envejecimiento poblacional, sino que centra su atención en los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, los cuales carecen de fundamento jurídico y de consenso social.

Reiteró que la iniciativa debe ser votada en contra por las siguientes razones:

1. Es inconstitucional porque vulnera el principio constitucional de la división de poderes, ya que pretende otorgar facultades de  interpretación legal a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) cuando es exclusiva del Poder Judicial. La SEGOB no cuenta con ninguna facultad interpretativa.

2. Mantiene políticas obsoletas en materia de registro de la población. En su exposición de motivos dice “ser un modelo de vanguardia e innovación”, sin embargo, en materia de Registro Nacional de Población y Registro Ciudadano y Cédula de Identidad ciudadana copia y pega dichos capítulos de la Ley General de Población de 1974, lo cual no  responde a las necesidades de la población del siglo XXI.

3. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) invadiría la competencia de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional de Educación, ya que se establecería como facultad de la SEGOB “incorporar la educación integral de la sexualidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional”, sin embargo, esto no se encuentra dentro de las atribuciones de dicha secretaría. Las facultades en el ámbito educativo corresponden a la SEP únicamente.

De igual manera, establece como facultad del CONAPO “elaborar y difundir programas de información, educación integral de la sexualidad”, lo cual, como en el caso anterior, corresponde a la SEP.

4. Constituye el andamiaje jurídico para la promoción e imposición del aborto en todo el país. Es evidente que el propósito principal de la iniciativa es la instauración de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos en las políticas de salud y educación.

5. Busca imponer un modelo de educación en sexualidad para niñas, niños y adolescentes que actualmente está desacreditado en el ámbito internacional. La “Educación Sexual Integral” (ESI) no es un término neutro, sino que conlleva un contenido ideológico específico que busca imponerse a nivel mundial. Cabe destacar que el intento de imposición de este modelo educativo fue una de las razones de la ruptura del consenso de la reciente reunión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, como pueden dar cuenta de ello un grupo de senadores mexicanos que acudieron a la reunión internacional.

6. Pretende establecer derechos que carecen de fundamento jurídico y de consenso social. No reconoce las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o tutores en materia de salud y educación de sus hijos.

7. Aborda aspectos ya regulados en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como lo es el combate a la discriminación.

8. No plantea ninguna propuesta concreta para atender la dinámica del envejecimiento de la población, que es un tema central a nivel nacional y global. Por el contrario, es de llamar la atención que en la iniciativa se dedique un capítulo entero a los mal llamados derechos sexuales y reproductivos y ni uno solo al envejecimiento poblacional.

Finalmente, tiene un impacto presupuestal importante, puesto que establece el derecho de todos los migrantes a acceder a los programas y servicios públicos de los tres órdenes de gobierno. Crea una Comisión Interdependencias para la conducción de una política de interculturalidad dentro de la SEGOB. Crea la obligación para el CONAPO de producir estudios e indicadores sociodemográficos con el fin de orientar la distribución territorial de los habitantes.
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